Aunque la constitución política del Perú salvaguarda el derecho a la vida como mandato supremo, es triste ver que en varios distritos del país, y en especial en el distrito exclusivo de San Borja, en Lima Perú, se llegue a pensar, e incluso imponer la idea que el derecho a la propiedad está por sobre el derecho a la vida. ¿Por qué se da esta incoherencia?
Lo que ha ocurrido en mi edificio, situado en la urbanización Chacarilla del Estanque, en San Borja, es algo que se tiene que compartir, porque le puede estar pasando a muchas personas en muchos distritos del país, donde cualquier persona se pueda topar con gente prepotente que piensa que el poder de su dinero los puede convertir en gente impune, en gente intocable y dada su economía próspera, en gente poderosa que puede hacer lo que le da la gana.
Como por ejemplo, reconstruir su inmueble. Todos tienen derecho a ejecutar cambios en su domicilio aún cuando los ruidos molestos, producto de la obra, puedan perturbar la tranquilidad de sus vecinos.
Según la Ley, y sobre todo la normativa municipal del distrito de San Borja, un propietario tiene el derecho supremo a realizar todo tipo de cambios, aún reventando paredes y generando torpedos sonoros incontrolables.
Pero, qué pasa si al costado de la vivienda que se quiere rediseñar tenemos vecinos de la tercera edad, o personas vulnerables que pueden verse aturdidos en su tranquilidad cotidiana por los golpes de comba y las sierras eléctricas.
Esto me ha ocurrido a mí, que vivo en un edificio que apenas tiene 8 años de construido. Un inmueble que cuenta con 11 departamentos, de los cuales 5 viviendas poseen adultos mayores que poco salen del domicilio. Por lo que son los destinados a 'comerse' el ruido perturbador.
Sin embargo, los propietarios del departamento que se va a rediseñar, aunque nunca han vivido ahí, han hecho notar su intención de vivir en dicho predio, no sin antes llenar de acabados de lujo su inmueble. Puesto que en todo momento han hablado de 'revalorizar' su predio. Por lo cual también exigen que muchos de los ambientes comunes deben contar con la más alta exigencia que permita mantener el edificio en su esplendor financiero.
Así lo hizo saber la pareja de propietarios, prósperos esposos, la señora abogada y al parecer bastante conectada en las esferas de la burocracia más corrupta. Y su esposo, dueño de un negocio de exámenes clínicos, que fue ofrecido a los vecinos de forma gratuita a manera de resarcimiento por las molestias, si es que las hubiese, a los vecinos.
Obviamente, la altanería de este par de empresarios sin mayor empatía hacia sus vecinos, no pasó desapercibida, y los vecinos unimos firmas para hacer sentir el malestar por sus ánsias arquitectónicas de alta gama. Y las cartas a la oficina de fiscalización de la municipalidad de San Borja se dirigieron con firmeza.
Pero la respuesta fue tenue, el gerente de fiscalización de ese entonces, puesto que la gestión municipal ha comenzado nuevamente este 2023, no hizo más que hacer un saludo a la bandera y responder por carta que la obra estaba en regla y los decibeles del ruido estaban dentro del rango, por lo que sugirió el talentoso burócrata edil que la junta de propietarios resuelvan sus problemas. Una lavada de manos, una untada de grasa bastante predicible por tratarse de la clase política de nuestro país que hoy nos representa.
Así pasaron tres cartas firmadas por los vecinos en su mayoría, pero el reclarmo pasó por alto el derecho que tienen las personas a la vida y su tranquilidad.
Hago manifiesto mi molestia por la actitud de gente que no guarda empatía con sus vecinos, pero sobre todo por la falta de solidaridad por parte de la institución municipal, el alcalde Marco Álvarez tiene una oportunidad histórica de poner orden frente a la arbitrariedad de unos vecinos que creen que porque tienen dinero y poder pueden hacer lo que les da la gana, cuando quieren y como quieren.
Ningún derecho a la propiedad puede estar por encima al derecho a la vida y la tranquilidad.
Y sobre todo, no se puede buscar valorizar un inmueble a costa de la depreciación de la calidad de vida de sus vecinos.
Quien lo piense así, está destinado a vivir bajo la dictadura de la frivolidad, que aunque crean en la inmortalidad, no se llevarán a la tumba.
Si tienes un problema parecido, o sabes de alguna situación en que el derecho a la propiedad se haya puesto por encima del derecho a la vida, puedes escribirme a barrunto@gmail.com, y veamos la forma de encaminar un verdadero cambio frente a la prepotente impunidad de los que se creen dueños de la tranquilidad de sus vecinos.